lunes, 21 de abril de 2014

El desequilibrio económico que determina la pensión compensatoria debe darse en el momento de la separación, no puede depender de sucesos posteriores

 

  La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia, de fecha 18 de marzo de 2014 (recurso número 201/2012), por la que establece como doctrina jurisprudencial que el desequilibrio económico que da lugar a la pensión compensatoria debe existir en el momento de la separación o del divorcio, sin que sucesos posteriores puedan dar lugar al nacimiento de una pensión que no se acredita cuando ocurrió la crisis matrimonial.

Los hechos

   Instada demanda de separación entre las partes, la sentencia de la Audiencia Provincial, que revocó la del Juzgado para conceder la pensión compensatoria que se había denegado, en los siguientes términos: reconocer a Dª Z. el derecho compensatorio sin cuantificación económica en este procedimiento de divorcio, quedando, por lo tanto, en suspenso dicha efectividad y que podrá determinarse y concretarse, en su caso, cuando se den las condiciones y circunstancias para ello, en los términos que han quedado señalados en esta resolución, y conforme a lo dispuesto y previsto en los artículos 100 y 101 del CC ". 

La sentencia del TS

   Los argumentos de la sentencia del TS, de la que ha sido ponente el magistrado señor Seijas Moreno, se contienen en los siguientes fundamentos de derecho:

   "PRIMERO. Se recurre el pronunciamiento de la sentencia de la Audiencia Provincial, que revocó la del Juzgado para conceder la pensión compensatoria que se había denegado, en los siguientes términos "reconocer a Dª Z el derecho compensatorio sin cuantificación económica en este procedimiento de divorcio, quedando, por lo tanto, en suspenso dicha efectividad y que podrá determinarse y concretarse, en su caso, cuando se den las condiciones y circunstancias para ello, en los términos que han quedado señalados en esta resolución, y conforme a lo dispuesto y previsto en los artículos 100 y 101 del CC ".
Dicho pronunciamiento se argumenta de la siguiente forma: No se acredita "que exista hoy por hoy el desequilibrio entre la posición económica de uno y otro litigante", ahora bien, sigue diciendo, "sus ingresos proceden directamente de la entidad societaria de la que forma parte el interesado en calidad de miembro de sus órganos de Administración o apoderados, por lo que las capacidades, facultades o actividades del mismo pueden interferir de forma directa o indirecta en el desenvolvimiento del trabajo de Dª Z , en su continuación, suspensión o finalización de aquella prestación de servicios o funciones desarrolladas por la ahora recurrente", relación de la que deduce que, dada la manifiesta y evidente vinculación del esposo con la estructura empresarial y el poder de disposición en la gestión y administración societaria, control o fiscalización de la actividad laboral de la esposa, con prestación de servicios para la empresa y las notas que caracterizan a la relación laboral de ajenidad, dependencia y retribución "es preciso establecer un mecanismo garantizador de la posición que en la actualidad ostenta la misma y que le impide -en este momento- ver reconocida la pensión compensatoria que por ella se reclama", de manera que si la esposa se queda sin trabajo o funciones en dicha estructura empresarial por causas ajenas a su voluntad, o no previstas en el estatuto de los trabajadores como despido, o no se incorpora a un nuevo destino laboral por interés o iniciativa de la interesada, o circunstancias similares o equiparables "podrá, en determinados supuestos, articularse un procedimiento para el cambio o modificación de medidas, y en el que nuevamente se valoren y sopesen las circunstancias personales y, o económicas de los interesados (existencia o no de indemnizaciones, prestaciones por desempleo, ingresos o recursos de otra índole etc..), a fin de calibrar, ajustadamente, si se da o no, en ese supuesto, la existencia del desequilibrio económico, que ahora se rechaza".
D. N formula recurso de casación por interpretación y aplicación indebida del artículo 97 del Código Civior cuanto se opone a la doctrina de esta Sala recogida, entre otras, en las sentencias de 25 de abril de 2005 y 19 de octubre de 2011, sobre la finalidad de la pensión compensatoria, así como por vulneración del derecho a la tutela de los artículos 24 y 14 de la CE, al establecer una desigualdad ante la Ley en circunstancias idénticas.

   SEGUNDO.- Se estima el recurso. La STS de 22 junio de 2011, que cita la de 19 de octubre del mismo año , resume la doctrina de esta Sala relativa la naturaleza de la pensión compensatoria. El punto principal se refiere al concepto de desequilibrio y el momento en que este debe producirse y así dice que "(...) tal desequilibrio implica un empeoramiento económico en relación con la situación existente constante matrimonio; que debe resultar de la confrontación entre las condiciones económicas de cada uno, antes y después de la ruptura, por lo que no se trata de una pensión de alimentos y "Lo que sí ha de probarse es que se ha sufrido un empeoramiento en su situación económica en relación a la que disfrutaba en el matrimonio y respecto a la posición que disfruta el otro cónyuge". Se añade que "En sintonía con lo anterior, siendo uno de los razonamientos que apoyan su fijación con carácter temporal aquel que destaca, como legítima finalidad de la norma legal, la de colocar al cónyuge perjudicado por la ruptura del vínculo matrimonial en una situación de potencial igualdad de oportunidades laborales y económicas, a las que habría tenido de no mediar el vínculo matrimonial, resulta razonable entender que el desequilibrio que debe compensarse debe tener su origen en la pérdida de derechos económicos o legítimas expectativas por parte del cónyuge más desfavorecido por la ruptura, a consecuencia de su mayor dedicación al cuidado de la familia". 
La sentencia recurrida niega que exista desequilibrio económico que fundamenta la pensión compensatoria y sin embargo concede a la esposa de una forma preventiva o condicionada una pensión compensatoria de futuro sin cuantificación económica en razón a una hipotética pérdida de trabajo en la empresa de su esposo tras la ruptura matrimonial, lo que no solo no está previsto en el artículo 97 del Código Civil, sino que contradice la jurisprudencia de esta Sala. Es cierto que la esposa puede quedarse sin trabajo, pero también lo es que puede encontrar un nuevo empleo, y que la sociedad de su marido puede verse también afectada por la crisis económica, colocándole en una situación de desempleo. Situaciones indeseadas pero reales que obligarían a replantear la situación conyugal en unas condiciones distintas. Si ello ocurriera, dice la sentencia de 19 de octubre de 2011, dejando aparte las compensaciones laborales a que en este caso tendría derecho la esposa, el desequilibrio que hipotéticamente podría producirse no tendría lugar como consecuencia del desequilibrio producido por la ruptura matrimonial, sino que vendría provocado por el despido posterior. " El desequilibrio que da lugar a la pensión debe existir en el momento de la separación o del divorcio y los sucesos posteriores no pueden dar lugar al nacimiento de una pensión que no se acreditaba cuando ocurrió la crisis matrimonial". A partir de entonces se desvinculan los patrimonios de uno y otro cónyuge a expensas de lo que resulte de la liquidación de la sociedad conyugal y, en su caso, de la modificación o extinción de las medidas que pudieran haberse acordado en el momento del divorcio. Lo demás supone mantener tras la ruptura una vinculación económica entre cónyuges distinta de la que la ley autoriza, y, propiciar, en definitiva, una suerte de problemas añadidos y en ningún caso deseables.

   TERCERO. La estimación del recurso de casación formulado determina que se case y anule la sentencia recurrida en el sentido de dejar sin efecto la pensión compensatoria concedida a Dª Z. Se declara como doctrina jurisprudencial que el desequilibrio que da lugar a la pensión compensatoria debe existir en el momento de la separación o del divorcio y los sucesos posteriores no pueden dar lugar al nacimiento de una pensión que no se acredita cuando ocurre la crisis matrimonial. 


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martes, 15 de abril de 2014

El TJUE declara que el canon por copia privada no incluye las reproducciones piratas

     
      
 El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado este jueves que el importe del canon adeudado por la realización de copias privadas de una obra protegida no puede tener en cuenta las reproducciones ilícitas porque penaliza indebidamente a los usuarios y podría acabar teniendo como efecto un fomento de la circulación de obras falsificadas.
La sentencia responde a un litigio planteado por importadores o fabricantes de soportes de datos vírgenes -como CD y CD-R- ante la justicia holandesa. Estas empresas denunciaron que, al fijar el importe del canon por copia privada, las autoridades holandesas no debieron tener en cuenta el perjuicio que pueden sufrir los titulares de los derechos de autor por las copias realizadas a partir de una fuente ilícita.

       En su sentencia de este jueves, el Tribunal de Justicia declara que «no se puede tolerar una norma nacional que no establece ninguna diferencia entre las copias privadas realizadas a partir de fuentes lícitas y aquellas que se realizan a partir de fuentes falsificadas o piratas».

     «En efecto, por un lado, admitir que tales reproducciones pueden realizarse a partir de una fuente ilícita fomentaría la circulación de obras falsificadas o piratas, lo que disminuiría necesariamente el volumen de ventas u otras transacciones legales relativas a las obras protegidas y, en consecuencia, menoscabaría la explotación normal de éstas», apunta el fallo.

    Por otro lado, prosigue, «la aplicación de tal norma nacional puede entrañar un perjuicio injustificado a los titulares de los derechos de autor».

    Por otra parte, el Tribunal de Justicia recuerda que «corresponde al Estado miembro que autorizó la realización de la copia privada garantizar su correcta aplicación y limitar así los actos que no cuenten con la autorización del titular de los derechos»

     «Pues bien, una norma nacional que no distingue entre las reproducciones privadas lícitas y las ilícitas no puede garantizar una aplicación correcta de la excepción de copia privada. El hecho de que no exista ninguna medida técnica aplicable para combatir la realización de copias privadas ilícitas no puede poner en duda esta apreciación», resalta la sentencia.

     Además, este tipo de sistema de canon por copia privada no respeta tampoco el «justo equilibrio» entre los derechos de los autores y los de los usuarios. El motivo es que «todos los usuarios se ven penalizados indirectamente, dado que contribuyen necesariamente a la compensación por el perjuicio causado por reproducciones para uso privado a partir de una fuente ilícita». «En consecuencia, han de asumir un coste adicional nada desdeñable por poder realizar copias privadas», concluye el fallo.


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lunes, 7 de abril de 2014

El recargo de tarifa por el uso del móvil en el extranjero (roaming) quedará prohibido desde diciembre de 2015

   
 El pleno de la Eurocámara ha aprobado este jueves el paquete legislativo para prohibir el recargo tarifario por el uso del móvil en el extranjero ('roaming'), tanto para las llamadas como para los mensajes de texto o para navegar por Internet, como muy tarde a partir del 15 de diciembre de 2015.
Los eurodiputados han respaldado además reglas más estrictas para impedir que las compañías de telecomunicaciones puedan bloquear o ralentizar servicios rivales como Skype o Whatsapp, reforzando así la neutralidad de la red.
     Las nuevas normas chocan con las grandes operadoras europeas, como Telefónica, France Telecom o Deutsche Telekom, que alegan que la supresión del 'roaming' reducirá sus ingresos y se traducirá en un recorte de las inversiones necesarias para desplegar las nuevas redes de fibra óptica.
La asociación que las agrupa, GSMA, ha dicho en un comunicado tras la votación que las reglas sobre neutralidad de la red "obstaculizarán la inversión y la innovación y limitarán la disponibilidad de servicios a medida diferenciados según la calidad y el precio, además de introducir restricciones adicionales en la gestión esencial del tráfico".
     El futuro de este paquete legislativo es todavía incierto porque justo ahora concluye la legislatura y las prioridades del próximo Parlamento que salga de las elecciones del 25 de mayo podrían cambiar. Además, los Gobiernos todavía no han alcanzado un acuerdo entre ellos para negociar con los eurodiputados. La vicepresidenta de la Comisión y responsable deTelecomunicaciones, Neelie Kroes, ha dicho en un comunicado que espera un acuerdo a finales de 2014.
     "Este voto es la respuesta que da la UE a las expectativas de los ciudadanos. Se trata precisamente de la razón de ser de la Unión: hacer la vida de los europeos más fácil y más barata", ha resaltado Kroes. "En 2010, prometí acabar con los costes de itinerancia antes de finales de 2015, y ahora estamos a solo un paso de lograrlo", ha asegurado.
     Por su parte, la ponente parlamentaria, la eurodiputada popular Pilar del Castillo, ha celebrado que "además de eliminar los costes del roaming para millones de usuarios, el Parlamento ha aprobado una serie de medidas para una gestión más eficiente del espectro radioeléctrico y a la vez impulsar la inversión en el sector de las comunicaciones electrónicas, lo que va a permitir un despliegue más rápido de las tecnologías 4G y 5G en Europa".
     Las nuevas reglas exigen la abolición de las tarifas minoristas de 'roaming' para voz, mensajes de texto y datos para el 15 de diciembre de 2015. Además, se ha añadido una cláusula para revisar las tarifas mayoristas en junio de 2015 y si se detectan problemas, la Comisión podría presentar propuestas legislativas.
Finalmente, se han incluido disposiciones sobre "uso razonable" con el objetivo de garantizar que los clientes no abusen de las nuevas reglas, por ejemplo comprando un teléfono en Lituania pero usándolo siempre en Reino Unido beneficiándose de los precios lituanos. Este tipo de usos se controlará y no se permitirá cuando sea excesivo.
     Servicios especializados y neutralidad de la red
    En materia de neutralidad de la red, la Eurocámara prohíbe bloquear, ralentizar o degradar determinados servicios en Internet y exige el tratamiento no discriminatorio de los paquetes de datos.
Las empresas podrían seguir ofreciendo servicios especializados de calidad, como los vídeos a la carta o las aplicaciones de almacenamiento de datos en la nube, siempre que no vayan "en detrimento de la disponibilidad o la calidad de los servicios de acceso a internet", subraya el texto. En este sentido, la Eurocámara deja claro que estos servicios especializados no pueden acabar sustituyendo a los servicios de Internet.
     Los diputados han acotado la lista de "casos excepcionales" en los que los proveedores de internet podrían bloquear o ralentizar la conexión. Esta práctica estaría permitida cuando así lo dicte un tribunal, para preservar la integridad y la seguridad de la red o para mitigar los efectos de la "congestión temporal y excepcional" de Internet.
    El texto aprobado deja claro que estas medidas de "gestión del tráfico" deben ser "transparentes, no discriminatorias y proporcionadas" y "no se mantendrán más de lo necesario".
Los eurodiputados han insertado además disposiciones para facilitar la comercialización y el alquilar de los derechos para utilizar el espectro. Estos derechos deberán ser válidos durante un periodo de al menos 25 años para impulsar la inversión, la innovación y la competencia.

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jueves, 3 de abril de 2014

Reclamación de alimentos desde la fecha de interposición de la demanda de medidas provisionales


   Se presenta demanda de medidas provisionales en mayo de 2013 y se dicta el correspondiente Auto en noviembre de 2013, fijando una pensión de alimentos para los hijos de 500 euros mensuales a satisfacer por el padre, mi cliente. Él ya venía pagando 400 euros mensuales durante la tramitación de las medidas de forma voluntaria.
   En enero de 2014, por la esposa se interpone demanda ejecutiva del Auto, en reclamación de la cantidad de 2.500 euros, alegando que la demanda de medidas se presentó en mayo de 2013 y que le corresponden los alimentos desde la presentación de la demanda. Lo cierto es que el Auto no contiene este pronunciamiento, ni tampoco se solicitó por la esposa en la demanda ni el día de la vista.
   El Juzgado despacha la ejecución sin más, con el decreto de embargo. ¿Se puede pedir la nulidad de actuaciones?

Respuesta:

   Es evidente, tras el cambio o aclaración de criterio por el TS en sus Sentencias de 14 de junio de 2011 (EDJ 2011/113789) y de 26 de octubre de 2011 (EDJ 2011/253606), que el art. 148 CC es aplicable a los alimentos fijados en los procesos de familia, por lo que las sentencias que reconozcan la obligación de prestar alimentos producen sus efectos desde la demanda (véase también las Sentencia del TS de 30 de octubre de 2012; EDJ 2012/237453).
   Ante una demanda ejecutiva de una resolución judicial, y teniendo en cuenta la doctrina sentada por el TS en relación al art. 148 CC (EDL 1889/1), el juez poco puede hacer para no despachar la ejecución solicitada, conforme lo dispuesto en los arts. 551 y ss LEC (EDL 2000/77463) y que, en principio, entendemos que el juez consideró que se dan los requisitos formales y procesales, previos y necesarios para ello.
   A nuestro juicio, esta nueva doctrina del TS en relación al art. 148 CC es aplicable a aquellos autos y sentencias que no concretan la fecha del primer pago y que, por tanto, dejan abierta la posibilidad de su aplicación.
   Para evitar estos problemas, los letrados deben introducir como parte del debate ese punto, es decir, desde cuándo se deben abonar los alimentos y, en base a ello, practicar todas las pruebas que apoyen las pretensiones de cada parte y que el juez en su resolución concrete ese extremo, evitando así luego incidentes y problemas de interpretación. Si el juez no resuelve sobre dicho extremo, se le debería solicitar vía aclaración o subsanación y complemento (arts. 214 y 215 LEC).
   Es decir, si el juez hubiera fijado expresamente ya en el auto el momento en que se debía hacer el primer pago y la primera actualización, se habrían ahorrado ahora este problema de interpretación.
  En este caso concreto, consideramos que lo único que puede hacer la parte ejecutada es oponerse en cuanto al fondo, sobre la base de que existe un claro abuso de derecho (causa de oposición admitida jurisprudencialmente), al reclamarse el importe total de las pensiones desde demanda, cuando ha habido unos pagos durante esos meses por importe de 400 euros mensuales.
   Por lo tanto, entendemos que en este caso el esposo debe abonar la diferencia entre lo que abonó durante los meses de tramitación de las medidas (desde que se interpuso la demanda de medidas) y lo que debía abonar en función de la cantidad fijada en el auto (500 euros al mes) puesto que la citada doctrina del TS es aplicable tanto a las sentencias de separación o divorcio como a los autos de medidas provisionales pues, a estos efectos, son equivalentes los conceptos de cargas y alimentos.
   En consecuencia, desde la fecha de la demanda (mayo de 2013) hasta noviembre de 2013, lo que debe abonar es la diferencia de 100 euros mensuales.
   Desde nuestro punto de vista, no hay nulidad de actuaciones pues, insistimos, esta doctrina del TS es para aquellos supuestos en que la resolución judicial no dice nada en relación a la fecha del primer pago, como ocurre en este caso, y la actuación judicial se acomodó a las leyes procesales y a la jurisprudencia del TS. Además, tampoco existe indefensión, pues la parte puede defenderse de esta actuación en la fase de oposición.



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jueves, 20 de marzo de 2014

Liquidación de gananciales: deuda de uno de los cónyuges por impago de alimentos


Tras la separación matrimonial, los hijos y la mujer residen en el domicilio familiar, de exclusiva propiedad del esposo, mientras que éste reside en un apartamento ganancial.


Tras la separación matrimonial, los hijos y la mujer residen en el domicilio familiar, de exclusiva propiedad del esposo, mientras que éste reside en un apartamento ganancial.

El esposo adeuda una elevada suma por alimentos y existe anotado un embargo sobre la vivienda propiedad exclusiva del esposo.
Ahora estamos con la formación de inventario para liquidar gananciales. ¿Podría hacer valer esa deuda para que se adjudique a ella el apartamento ganancial? ¿Puedo cambiar la anotación del embargo del bien privativo y anotar el embargo en la mitad del apartamento ganancial del esposo?
Respuesta
En primer lugar, hay que indicar que las deudas que un cónyuge tenga frente al otro por impago de pensiones, no forman parte del pasivo de la sociedad de gananciales, sino que es deuda de un cónyuge frente al otro.
De ahí que, antes de entregar al cónyuge deudor su participación en el remanente de la sociedad de gananciales y una vez pagados los acreedores, se abonarán dichas deudas, y el resto que queda es el líquido que se le dará a dicho cónyuge como su participación en la sociedad de gananciales. Considerar esas deudas por pensiones como parte integrante del pasivo de la sociedad, conllevaría que el cónyuge acreedor pasaría a ser a la vez deudor de sí mismo, al menos en cuanto al 50% de dicha deuda.
Una vez pagadas las deudas y cargas de la sociedad de gananciales, el cónyuge que resulte acreedor del otro podrá solicitar que se le liquide esa deuda con cargo a los bienes que integren el lote del deudor, salvo que éste pague de forma voluntaria (arts. 1403 y 1405 CC; EDL 1889/1).
Por lo tanto, en la fase de liquidación de gananciales es donde se debe solicitar esa forma de pago y únicamente cuando esté liquidada la deuda se levantaría el embargo sobre el inmueble privativo del esposo. Si se levantara antes, se correría el peligro de no cobrar por ninguna de las dos vías.


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lunes, 17 de marzo de 2014

Las diez claves fundamentales para conocer las cláusulas suelo

   
    José María López Jiménez, director de la obra La cláusula suelo en los préstamos hipotecarios, nos ofrece las diez claves para conocer los orígenes, efectos y alcance de la declaración de nulidad de estas controvertidas cláusulas.

1. Factores económicos que propiciaron la aparición de la «cuestión de la cláusula suelo»
  • La virulencia de la crisis económica en España, que hizo que la tasa de paro se incrementara hasta cerca del 27 por ciento de la población activa en 2013.
  • Según el informe del Banco de España sobre determinadas cláusulas presentes en los préstamos hipotecarios, el 97 por ciento de los préstamos hipotecarios son a tipo de interés variable. Un tercio de ellos aproximadamente contiene la cláusula suelo.
  • El tradicional arraigo en España de la adquisición de vivienda en propiedad, en lugar de su alquiler, incluso con medidas tributarias, suprimidas en la actualidad, que incentivaban el acceso a la propiedad.
  • La caída del precio de la vivienda libre, desde un máximo de 2.101,4 euros/m2 en el primer trimestre de 2008, hasta 1.495,3 euros/m2 en el tercer trimestre de 2013.

2. Posibles consecuencias económicas de una hipotética supresión de la cláusula suelo para los prestatarios
  • Mayor restricción del crédito hipotecario, en forma de menores importes financiados, mayores tipos de interés y menores plazos de amortización.
  • Menor demanda de vivienda en España, en la modalidad de adquisición, y, previsiblemente, mayor demanda en la modalidad de alquiler.

3. Posibles consecuencias económicas de una hipotética supresión de la cláusula suelo sobre los prestamistas
  • Encarecimiento del crédito para las entidades financieras en los mercados mayoristas internacionales.
  • Las entidades financieras pasarán a obtener una menor rentabilidad en la tradicional labor de intermediación en el crédito, por lo que deberán buscar otras fuentes de ingresos alternativas.

4. El Memorando de Entendimiento de julio de 2012 y la deuda pública
  • En julio de 2012 el Gobierno formalizó con la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional el Memorando de Entendimiento. En este documento se contienen las condiciones para acceder a una línea de crédito de hasta 100.000 millones de euros para fortalecer el sistema financiero español. Se ha dispuesto de unos 41.000 millones de euros.
  • En enero de 2014 España abandono el Programa de Asistencia Financiera ligado al Memorando, liberándose de la «tutela» de la Troika.
  • Las ayudas para la banca española han totalizado unos 61.000 millones de euros.
  • La deuda pública española para 2014 rozará el billón de euros, es decir, es prácticamente equivalente al PIB nacional.
  • La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014 reserva 36.590 millones de euros para el pago de los intereses de la deuda pública.

5. El informe de la «Subcomisión del Congreso de los Diputados sobre la Transparencia en la Información de los Productos Financieros e Hipotecarios de las Entidades de Crédito», de noviembre de 2013
En este informe se considera que cualquier iniciativa legislativa en relación con la transparencia de los productos financieros y bancarios que se adopte en el futuro no puede perder de vista algunos principios fundamentales de nuestro Ordenamiento Jurídico, como son los siguientes:
  • El de la responsabilidad por los propios actos. El cliente que firma un contrato debe asumir la responsabilidad de cumplir con las obligaciones derivadas del mismo.
  • El de presunción de validez del consentimiento. El consentimiento se presume válido y desde entonces obliga a cumplir lo pactado. La presunción puede ser desmentida ante los Tribunales pero una presunción en sentido contrario sería el final de nuestro sistema de contratación.
  • El tercer principio, piedra angular de nuestro sistema jurídico, es el de «pacta sunt servanda».
En la salvaguarda de estos principios, según la Subcomisión, deben participar activamente todos los intervinientes en la formalización de los contratos y, en particular, por lo que se refiere a los préstamos hipotecarios, tienen un papel destacado los Notarios.

6. La posición del Servicio de Reclamaciones del Banco de España
  • Según el Servicio de Reclamaciones, conforme a su última Memoria relativa a 2012, «La sentencia [STS de 9 de mayo de 2013] no entra en contradicción, pues, con los pronunciamientos que viene emitiendo este Servicio de Reclamaciones, con las diferencias esenciales, eso sí, derivadas del ámbito competencial de uno y otro ámbito de resolución de conflictos, fundamentalmente en relación con la cuestión que en la sentencia se denomina “control de comprensión”», ni tampoco colisiona con el Informe presentado al Senado en 2010, pues los «pronunciamientos de la sentencia relacionan la nulidad de las cláusulas controvertidas con la falta de información o de transparencia, lo que permite concluir que son legítimas si están debidamente informadas, conclusión similar a la que llegaba el citado informe».

7. La importancia de las acciones colectivas
  • Diversos Tribunales conocen respecto de demandas interpuestas en ejercicio de acciones colectivas fundadas en condiciones generales de la contratación que pueden incidir en ciertas pretensiones individuales de usuarios de servicios de banca con base en cláusulas predispuestas contenidas en sus escrituras constitución de préstamos con garantía hipotecaria. De los azares de estos procedimientos colectivos pueden derivarse importantes consecuencias jurídicas y económicas para los afectados.

8. El alcance de los efectos restitutorios ligados a la declaración de nulidad
  • Los efectos restitutorios de la declaración de nulidad de algunas de las llamadas cláusulas suelo se encuentran en la actualidad siendo enjuiciados en los Juzgados de lo Mercantil y secciones especializadas de las Audiencias Provinciales, con resultado dispar, puesto que no todos los supuestos tienen necesariamente que quedar agotados por la casuística de la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013.

9. Los pronunciamientos pendientes del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
  • Recientemente se ha resuelto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (STJUE de 14 de marzo de 2013, caso Aziz) una cuestión prejudicial que tuvo como consecuencia inmediata la adopción de modificaciones legislativas en la hasta ahora intocable legislación procesal reguladora de la ejecución hipotecaria, incluso, parcialmente, con efectos retroactivos. En la actualidad se tramitan diversas cuestiones que afectan seriamente a la materia, tanto de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional como prejudiciales ante el Alto Tribunal Europeo.

10. La incidencia en los procedimientos de ejecución hipotecaria
  • La existencia de ciertas cláusulas pactadas en la constitución de préstamos con garantía hipotecaria susceptibles de ser declaradas abusivas puede dar pie a la oposición en procedimientos ejecutivos, pudiendo suponer tanto la minoración de las cantidades exigidas como, en ciertos supuestos, la inadmisibilidad del despacho de ejecución.


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martes, 11 de marzo de 2014

Implicaciones legales de un tuit


Casi todos pensamos que el hecho de dar nuestra opinión sobre alguna persona o situación no constituye ningún tipo de ilícito, ya que es algo intrínseco en nuestro comportamiento e incluso nos permitimos, en algunas ocasiones, ser algo incisivos en nuestras manifestaciones.

 El derecho a la libertad de expresión, reconocido por nuestra Carta Magna en su artículo 20, nos permite manifestar libremente nuestros pensamientos, ideas y opiniones a través de diversos medios de difusión. No obstante, la Constitución también nos limita el ejercicio de este derecho, estando por encima el respeto a la intimidad, honor y propia imagen ajenos, entre otros, cuya protección prima frente al resto de derechos reconocidos en el mencionado artículo, todos ellos relacionados con la comunicación pública de contenidos.
Hoy en día, Internet nos facilita plataformas para difundir nuestras opiniones y a su vez conocer las de los demás, principalmente a través de las redes sociales que se erigen como los grandes medios de difusión de la actualidad. 
Pero, por ejemplo… ¿qué pasaría si mi opinión expresada a través de mi cuenta de Twitter lesiona el derecho fundamental al honor de otra persona?.
No sería la primera vez que somos testigos de una guerra dialéctica entre usuarios de la mencionada red social, de la cual, casi con toda seguridad, ninguno de los contrincantes sale “ileso”. Es frecuente que sus armas de ataque consistan principalmente en acusaciones, insultos y toda suerte de comentarios poco apropiados, lo que la mayoría de las veces se puede calificar como un delito contra el honor.
Los delitos contra el honor se encuentran expresamente previstos en los artículos 205 a 216 del Código Penal. Por un lado, en las injurias, consistentes en acciones o expresiones que lesionan la dignidad, fama o estimación de una persona, se exige que la manifestación sea considerada por el público en general como grave. Por otro lado, las calumnias, consistentes en la imputación de un delito a un tercero a sabiendas de su falsedad o con temerario desprecio hacia la verdad, quedarán exentas de pena cuando quien impute el delito demuestre la veracidad de su acusación.
Ambas, cuando se realicen con publicidad, es decir, haciendo uso de un medio de imprenta, radiodifusión o cualquier otro semejante, verán incrementadas sus penas, lo cual significa que cualquier manifestación que se pueda considerar como constitutiva de estos delitos realizada a través de Twitter, verá implícitamente aumentada la pena impuesta. 
Asimismo, el Código Penal también prevé la responsabilidad civil solidaria del propietario (persona física o jurídica) del medio informativo donde se haya propagado la injuria o calumnia, lo que en el caso de las redes sociales en Internet se podría traducir como el propietario del servidor en el que se publicaron las mismas. 
Por todo ello, a la hora de opinar en las redes sociales, debemos de tener muy presente que nuestro derecho a la libertad de expresión se encuentra limitado por los derechos al honor de terceros, así como que el medio en el que nos expresamos nos condiciona la pena a imponer en el caso de comisión de uno de estos delitos.


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